El 6 de julio la Policía Federal Argentina, por orden de la Justicia Provincial, concretó en la localidad de Sauce, Corrientes allanamientos simultáneos en dependencias municipales, en la vivienda del intendente Carlos Romano y en el domicilio del auditor municipal.
Según informaron a través de un informe oficial se secuestró documentación en el marco de la causa penal que investiga hechos de peculado, malversación e irregularidades en el manejo de fondos municipales, luego de que la concejal Griselda Zajur denunció “anomalías de carácter sistemático” en facturaciones, compras a proveedores, controles internos y administración fraudulenta de recursos públicos.
Los allanamientos simultáneos se realizaron en el marco de esa investigación penal iniciada a fines de 2025 a partir de una denuncia presentada por la concejal Zajur, quien solicitó investigar las irregularidades que detectó en el manejo de fondos municipales.
El 9 de diciembre de 2025, la edil formalizó una denuncia ante la Justicia de Curuzú Cuatiá contra el intendente Carlos Romano y el auditor municipal Pablo Gauna, luego de advertir, según la presentación, “anomalías de carácter sistemático” en compras a proveedores, mecanismos de facturación, controles internos y administración de recursos públicos.
Los allanamientos fueron ordenados por el juzgado interviniente. La investigación es dirigida por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Curuzú Cuatiá, a cargo de la Dra. Clara Belén Arrúa, con intervención de la Policía Federal Argentina.
Los operativos tuvieron como objetivo el secuestro de documentación administrativa, contable e informática para su análisis pericial e incorporación a la causa. Además del edificio municipal, este lunes los procedimientos alcanzaron la vivienda del intendente Carlos Romano, el Museo Municipal y las oficinas y domicilio del auditor municipal.
Se secuestró documentación física, registros contables, soportes digitales y equipos informáticos.
Y si bien la causa permanece bajo secreto de sumario, tras los allanamientos se esperan más medidas de pruebas, imputaciones y solicitudes de detenciones y/o medidas restrictivas contra funcionarios municipales por los riesgos de obstrucción de la investigación, contaminación de pruebas y la continuidad de los delitos denunciados.
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